Nadie imaginaba en 2018 que un reclamo surgido en una ciudad de poco más de 6.000 habitantes del centro-oeste santafesino terminaría llegando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí comenzó una disputa que puso en discusión la aplicación de agroquímicos en campos ubicados junto al área urbana y que, ocho años después, atravesó todas las instancias posibles del sistema judicial argentino para convertirse en una referencia obligada en materia ambiental.

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